Acerca del informe de EEUU sobre cuestión azucarera
Raúl Zecca Castel
La industria azucarera dominicana no ha tardado un segundo en rechazar con determinación las acusatorias conclusiones que el informe redactado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó el viernes 27 de septiembre acerca de los abusos y de las violaciones laborales que supuestamente están sufriendo los trabajadores haitianos empleados en el sector azucarero.
El grupo empresarial denunció que las acusaciones del informe “están basadas en opiniones desactualizadas”, ya que el sacerdote Christopher Hartley,quien solicitó la investigación ante el Departamento de Trabajo estadounidense fue expulsado de la República Dominicana en 2007 y, desde entonces, nunca ha vuelto a pisar el suelo de un batey, las comunidades donde residen los braceros.
Sin embargo, el estudio del Departamento de Trabajo de EEUU se realizó en abril y julio 2012 gracias a la visita de funcionarios de la Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA), que pertenece a la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del mismo departamento de Trabajo. Es posible que con muy buena voluntad y muchos esfuerzos, la situación de los bateyes y las condiciones de vida y de trabajo de los picadores de caña hayan cambiado radicalmente en el año que ha transcurrido desde esa visita, y que todos los abusos y las violaciones que el Departamento de Trabajo estadounidense menciona en su informe ya no sean más que malos recuerdos.
Ojalà fuera así. Pero se da el caso de que justamente este verano me dediqué a una investigación antropologica por cuenta de la Università di Milano – Bicocca cuya finalidad era exactamente la de averiguar las condiciones existenciales y laborales de los migrantes haitianos empleados en el corte de la caña.
A partir del mes de mayo hasta finales de agosto viví en un batey de la provincia de San Pedro de Macoris y en el tiempo que estuve ahí tuve la oportunidad de visitar más de 40 comunidades bateyeras, realizando casi 200 entrevistas, grabadas, miles de fotografias y varios videos que documentan con evidencias cual es la realidad social en ese entorno. Incluso algunas de las fotografías que tomé fueron evaluadas por el mismo Departamento de Trabajo estadounidense que redactó el informe.
No cabe duda alguna de que la situación es tan urgente como ese documento denuncia.
En los 4 meses de mi estadia en la República Dominicana pude comprobar como el grupo Vicini y la empresa Campollo (consorcio Castelar en esa provincia de San Pedro de Macoris) violan sistemáticamente los más basicos derechos laborales –y no solo laborales–de sus trabajadores.
La denuncia más frecuente que los braceros hacen se refiere a las supuestas irregularidades en el peso de la caña, y esto debido al reciente método de pago totalmente arbitrario basado en el sistema de bocados.
De aquí la imposibilidad para muchos, sobre todo ancianos, de alcanzar el salario mínimo diario establecido en 130 pesos por 8 horas. No son pocos los casos de trabajadores que para conseguir esa cantidad tienen que pasar en los cañaverales hasta 3 días, y muchas veces la jornada laboral supera las 12 horas.
Las condiciones de trabajo, en lo que se refiere a la seguridad, son deplorables. Más aún cuando se trata de picar caña quemada, cuyos polvos son extremadamente dañinos para la salud.
Sin embargo, ni uno de los braceros que entrevisté recibió un equipo adecuado de seguridad con el fin de proteger los ojos y las vías respiratorias. Cegueras e infecciones pulmonares son las consecuencias directas de estas negligencias.Los trabajadores también lamentan que cuando sufren cualquier tipo de accidente o enfermedad que les imposibilita su labor no son atentidos ni indemnizados, aunque (como se puede comprobar con algunas fotografías de recibos) se les descuente un seguro social.
Además, muchos afirman que reclamar por estos motivos es contraproducente ya que no sólo no serán escuchados ni por supuesto atendidos, sino que también recibirán amenazas de despido.
En fin, estas claras violaciones de los derechos laborales establecidos por la constitución dominicana y cuyo respeto constituye la base de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (CRAFTA-DR, Marzo 2007) sólo representan una parte de los infinitos casos de violaciones que los braceros denuncian y que son fácilmente verificables.
Claro que, en un mes, desde que dejé la República Dominicana en agosto 2013, todo puede haber cambiado. ¿No?
Raúl Zecca Castel
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